La decisión se tomó tras una reunión entre el procurador General, Alejandro Ordoñez, el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y el director de la Aerocivil, Fernando Sanclemente, en la que se discutieron los argumentos de cada una de las partes en torno a la demolición de la vieja terminal de pasajeros de la capital del país para dar paso a una infraestructura más eficiente y funcional. Aunque aún se está a la espera de un concepto del Ministerio Público sobre el tema, la expectativa del jefe de la cartera de Transporte es que haya luz verde al respecto, luego de las explicaciones dadas por su equipo de trabajo.
"La decisión ya está tomada", dijo Gallego, al tiempo que indicó que se evidenció la necesidad de contar con una nueva construcción, debido al aumento de las operaciones que tendrá el aeropuerto en los próximos años, tal y como está previsto en el plan maestro.
También señaló que a la Procuraduría y al Consejo de Estado se les pidió allanar los caminos jurídicos que permitan ejecutar el proyecto. Aunque hace unos meses se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y la empresa encargada de las obras de modernización (el concesionario Opaín) para demoler el aeropuerto, un pronunciamiento de la Procuraduría obligó a revisar el proceso.
El pasado 2 de abril ese ente de control advirtió a la Aeronáutica, sobre la inconveniencia de cambiar el proyecto, al considerar que el plazo para finalizar los estudios con los que se decidiría la demolición ya se había agotado. El organismo alertó sobre el riesgo de incurrir en procesos disciplinarios,y penales y fiscales.
El asunto obligó a que el Ministerio elevara una consulta al Consejo de Estado, instancia que respondió que "es posible modificar, de común acuerdo, un contrato de concesión de servicio público, cuando existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público, se busque un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación de los mismos, siempre que se demuestre que no hacer la modificación acarrearía una grave afectación del servicio".
También aclaró que, por fuera de la aplicación del artículo 16 de la Ley de contratación no es posible modificar el contrato de concesión del aeropuerto Eldorado". Por esa razón, el Gobierno acudió de nuevo a la Procuraduría para justificar la demolición de la terminal.
Fuente: Portafolio
