Liquidada la figura jurídica del aeropuerto de Tuluá

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Aeropuerto de Tuluá

La Administración Municipal de Tuluá declaró liquidada la figura jurídica del aeropuerto Farfán Heriberto Gil Martínez (ULQ/SKUL) de esa población. La decisión se tomó luego de que no se cumplieran las proyecciones financieras y se determinara que el aeródromo no es viable económicamente. El aeropuerto era administrado como una entidad del municipio. El alcalde de la población manifestó, sin embargo, que la liquidación corresponde únicamente a la figura jurídica del aeropuerto y no implica que este se acabe. Ahora el inmueble pasará a ser un bien fiscal de Tuluá.

A través del Decreto No. 280-018-0559 del 31 de julio de 2014, el alcalde municipal de Tuluá, José Germán Gómez García declaró “liquidado el establecimiento público denominado Aeropuerto Regional Farfán Heriberto Gil Martínez”. La liquidación responde a una serie de decisiones tomadas por el Concejo Municipal de esa población, a través de los Decretos 280-018-0939 de diciembre de 2013, que estableció el reglamento para la liquidación del aeródromo; y 280-018-0940 de la misma fecha, que asignó a Darío Aguilar López como gerente liquidador del aeropuerto.

En un comunicado de prensa, el alcalde Gómez García aclaró que el aeropuerto sigue siendo un bien del municipio y que el proceso de liquidación sólo se refiere a la figura pública. Gómez declaró: “El aeropuerto es un patrimonio de los tulueños, ahora lo que tenemos que hacer es buscar otra opción para aprovechar mejor este inmueble”.

En julio de 2013 el Concejo Municipal emitió un proyecto de acuerdo en el que autorizó al alcalde municipal a llevar a cabo el proceso de liquidación y disolución.

Las razones

En mayo de 2002 se presentó el Acuerdo Municipal No 26 que creó el establecimiento público denominado Aeropuerto Regional Farfán Heriberto Gil Martínez. Esta entidad tenía como objetivo “dotar en forma permanente al municipio de Tuluá del servicio aeroportuario que permita una eficiente movilización de pasajeros y carga a nivel nacional e internacional”. Se definió que el establecimiento público contaría con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Se nombraría a su vez una junta directiva, un delegado de la alcaldía y un gerente, encargados de la administración del aeródromo. Sin embargo, no se tramitó la personería jurídica, ni se definieron las autonomías financieras y administrativas. Como resultado, no hubo nombramiento de gerente ni de junta directiva. Estos cargos fueron finalmente nombrados Ad Honorem.

Dentro de las formas financieras se había establecido que los ingresos, producto de las tarifas cobradas por la prestación de servicios aeroportuarios, arrendamiento de bienes, y servicio de operación; entre otros; estarían destinados a los gastos de inversión, funcionamiento, operación y mantenimiento.

Pero estos ingresos no cumplieron las expectativas financieras que se habían establecido en el acuerdo del 2002, no operando con las reglamentaciones debidas, lo que llevó a que fuera el municipio el que asignara presupuestos para cubrir los rubros especificados. El aeropuerto dejó de ser auto sostenible, y viable financiera y económicamente.

Este fue el principal argumento que llevó a la liquidación de la figura pública. La Contraloría Municipal destacó la inconveniencia y posible detrimento patrimonial al “existir un establecimiento público acéfalo de dirección y administración, que solo causa erogaciones para su mantenimiento, al cual se le han realizado inversiones en el mejoramiento de instalaciones locativas y ampliación de la pista de aterrizaje, sin que hasta el momento pueda ser catalogado y puesto en servicio como aeropuerto regional, al no cumplir con algunos requisitos de la Aeronáutica Civil”, según se manifiesta en el Proyecto de Acuerdo para la disolución de la entidad.

Tomando como base el Artículo 66 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, en su numeral 3: “Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos”; y con los argumentos expuestos, el Concejo autorizó a la alcaldía a proceder con la liquidación de la figura jurídica.

El aeropuerto

Este aeródromo, nombrado en honor al piloto Heriberto Gil Martínez, natural de Tuluá y uno de los primeros aviadores en Colombia; cuenta con una pista de 1.800 metros de largo por 40 metros de ancho, con 1.200 pavimentados y orientación 01-19. Cuenta con infraestructura de torre de control, edificio principal y calles de rodaje.

Ha sido utilizado principalmente por la Escuela Militar de Aviación para el entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, compañías de fumigación y aviación de la Policía Nacional.

En julio de 2009 se presentó un Plan Maestro para la ampliación y modernización del aeropuerto, teniendo en cuenta su ubicación estratégica en la región y el país.

En julio de 2010 la aerolínea Transportes Aéreos de Colombia TAC dio a conocer que operaría vuelos de pasajeros entre Tuluá y Bogotá. Además de TAC, Latina de Aviación, Satena y ACES estuvieron contemplando las operaciones regulares en años anteriores.

Existe una posibilidad de establecer permanentemente una base de entrenamiento de la Fuerza Aérea en el aeropuerto.

Con información de: Alcaldía Tuluá

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