En el marco de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, Aeroméxico obtiene un compromiso para un financiamiento DIP (Debtor in Possesion) por US$1.000 millones.
Si bien el monto todavía debe ser aprobado por la Corte, representa una inyección necesaria para mantener la liquidez de la compañía permitiéndole cumplir con sus obligaciones más inmediatas.
El financiamiento DIP está dividido en dos partes: una línea de crédito por un tramo de US$200 millones y otra por US$800 millones. Según se explica, dichos fondos sólo pueden ser utilizados para ciertos rubros como gastos relacionados con el capital de trabajo y para salvaguardar los costos de la operación y de la reestructuración, según informa Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores.
Con una autorización provisional de la Corte, la línea aérea mexicana puede acceder a un monto de US$100 millones que corresponden al Tramo 1, mientras que con una autorización final, el resto de los montos. Algo similar ocurre con un desembolso inicial del Tramo 2 por US$175 millones.
La solicitud del financiamiento DIP está sujeta a la aprobación de la Corte, además de la firma de documentos definitivos, principales y accesorios, y al cumplimiento de ciertas condiciones. Una de las condiciones mencionadas es la necesidad de que Aeroméxico firme un convenio de apoyo de los accionistas que representen aproximadamente el 75% del capital social para que voten a favor de un aumento de este para llevar a cabo la conversión del Tramo 2.
Este proceso incluye la votación de Delta Air Lines por participar en la línea aérea. También considera la renuncia a los derechos de preferencia para suscribir aumento y deben acordar no vender sus acciones mientras la línea aérea está bajo el Capítulo 11. En el Tramo 2 del DIP, se considera la opción para cada acreedor convierta sus pasivos en acciones de la compañía reestructurada, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y autorizaciones.
Para Andrés Conesa, CEO de Grupo Aeroméxico, la obtención del compromiso de financiamiento DIP representa una señal de confianza en el modelo de negocios de la línea aérea y en un hito en el propio proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11. El objetivo de Aeroméxico es conseguir una protección frente al incierto escenario actual que impone la crisis en la región y avanzar a una reestructuración completa de la empresa para conseguir un crecimiento sostenible hacia el largo plazo.
El proceso bajo el Capítulo 11 no afecta la recuperación de las operaciones y la mantención del servicio que Aeroméxico ofrece dentro como fuera de México. En ese sentido, la línea aérea continúa incrementando vuelos en función de la demanda y del levantamiento de las restricciones impuestas unilateralmente por los Gobiernos.
Bajo el contexto anterior, la compañía indica que mantiene la vigencia de los boletos, reservas, vouchers electrónicos y puntos del programa de lealtad Club Premier, según sus términos y condiciones actuales. También se garantizan las concesiones, responsabilidades diarias y contratos con los trabajadores y proveedores, todos quienes seguirán recibiendo sus pagos. Aeroméxico asegura que busca seguir contratando bienes y servicios, además de mantener todos sus acuerdos comerciales, incluyendo el de negocio conjunto (JBA) que posee con Delta Air Lines.
Aeroméxico se acoge a una reestructuración voluntaria bajo el Capítulo 11 el 30 de junio. Se convierte así en la tercera línea aérea latinoamericana en ingresar a este proceso después de Avianca y LATAM, lo que refleja el complejo escenario que enfrenta la aviación en la región ante la paralización del transporte aéreo, las restricciones unilaterales impuestas por los Gobiernos y la demora en la reactivación del sector. A estas tres compañías se agregan la búsqueda de protección judicial por parte de la colombiana EasyFly y la posibilidad de que la chilena SKY también ingrese en un proceso similar.
Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el escenario actual para las líneas aéreas considera la inyección de capital, acogerse a una medida de protección judicial como el Capítulo 11 o cerrar. Ante la falta de ayudas económicas por parte de los Gobiernos, la mantención de restricciones y ausencia de claridad para la reactivación, la situación de la aviación en la región es severamente crítico que amenaza la continuidad de empresas, la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de conectividad.
Artículo: Ricardo J. Delpiano – aero-naves.com
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