Polvo regado por todos lados, vallas publicitando celulares con las que se pretende aislar la construcción del aeropuerto, letreros minúsculos que señalan los dos únicos accesos, una viejita arrastrando una maleta grande y pesada preguntándole a todo el mundo: “¿Usted sabe por dónde entro para ir a la isla (San Andrés)?”, contradicciones de los medios de comunicación, cifras que se inflan y desinflan.
Más allá de las especulaciones sobre si el aeropuerto lucirá como lo pronostican los gráficos impecables del pasillo, ubicados a la entrada junto a la frase “Así nos veremos el 20 de marzo”, lo que preocupa a las asociaciones y pasajeros y personas allegadas a Eldorado son los enredos que se han presentado en la remodelación del edificio, hoy amarillento y agrietado.
La noche del 24 de agosto de 2006, a las 8:55, después de una audiencia pública de doce horas, Opaín ganó la licitación para la remodelación del aeropuerto internacional. El fallo se dio luego de que la Operadora hiciera una oferta económica de 46,16 por ciento de ingresos para el Estado —oferta que más tarde le traería problemas—, dejando fuera de concurso a cinco consorcios más que participaron en la licitación.
El 19 de enero de 2007 se firmó el acta de entrega. Posteriormente el concesionario presentó a la Aeronáutica Civil una propuesta de diseño que fue rechazada. Las razones, dirían algunas personas cercanas a la Aeronáutica, fueron el alto presupuesto —que superaba por mucho los 650 millones de dólares calculados inicialmente— y el largo plazo que pedía Opaín —sería un proyecto a 15 años, que incluía la demolición total del edifico original.
El consorcio se vio obligado, entonces, a desarrollar otro plan, que no incluía el derrumbamiento del edificio construido durante la dictadura de Rojas Pinilla, sino el reforzamiento de la estructura; y que además daba un plazo de sólo cinco años. Para el momento del rechazo de la propuesta de Opaín —julio de 2007—, ya había pasado casi un año desde que este consorcio ganó la licitación. “Un año perdido”, diría el senador Juan Carlos Vélez Uribe, director de la Aeronáutica Civil en el período 2001-2005. “Un año en discusiones que no condujeron a nada, en vez de haber empezado a trabajar inmediatamente con la propuesta del plan maestro. Para mí, las obras no han empezado. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido una adecuación”.
La adecuación consiste en la expansión —aproximadamente siete metros— del pasillo central del terminal existente, el número uno, inaugurado el 10 de diciembre de 1959 y denominado por decreto 2791 de ese año “Eldorado”, así, sin espacio intermedio, no como equívocamente reza hoy con letras amarillentas en la fachada del edificio. También hace parte de esa adecuación la implementación del sistema cute o “acordeón” para el proceso del check in, un sistema mecánico que ampliará el espacio de atención de las aerolíneas, dependiendo del número de pasajeros.
Aunque la valla ubicada a la entrada de Eldorado que promete “Así nos veremos el 20 marzo” sólo muestra una gráfica del pasillo central, para esa fecha deben estar concluidas otras obras: el edificio administrativo de Aerocivil, la primera fase del nuevo terminal de carga, el centro administrativo de carga, la nueva estación de bomberos y, también para esa fecha, se habrá iniciado la reubicación de vías de acceso a Eldorado.
Ese tema, las vías y el presupuesto para estas obras, es otro enredo que hoy preocupa a los vecinos del aeropuerto y que además trae a la mesa un tema quizá más controversial: la valorización. La nueva fase incluye una malla vial que tendría que ser financiada con el impuesto de valorización de los habitantes de Fontibón y Engativá. Hoy, después de quejas, discusiones y reclamos, aún no está claro si el aeropuerto debe pagar el impuesto, si lo debe hacer Opaín, o si lo deben pagar los vecinos de Eldorado.
Según Jorge Alejandro Chaves Domínguez, gerente general de Opaín, “todavía no se ha tomado ninguna decisión. Lo estamos analizando, pero un impacto económico tan grande no lo tenía contemplado el consorcio”. La secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, descartó un pleito judicial con Opaín. Están en diálogos, asegura, para llegar a un acuerdo en el pago del impuesto.
El último enredo, esta vez protagonizado por Opaín y la Aeronáutica Civil, fue por razones de dinero, pero no hubo ni riña ni pelea, afirmaron las dos partes. Dijeron que fue tan solo un malentendido, por plata, al fin y al cabo. En el proceso de licitación, Opaín prometió que el 46,16 por ciento de sus ingresos sería para el Estado. Cuando se hizo el primer pago, en julio del año pasado, la Aeronáutica advirtió que faltaban aproximadamente 15.000 millones de pesos. El malentendido se dio entonces porque, según Chaves, el contrato no especificaba la forma de contabilizar ese 46,16 por ciento.
“Cuando hay áreas grises, que no están claras —dijo Chaves—, el contrato contempla acudir a un amigable componedor”, instancia que decidió darle la razón a la Aeronáutica. Opaín pagó los 15.000 millones de pesos, pero todavía existe una multa de 1.000 millones más que debe pagar el consorcio debido al cálculo erróneo. Opaín no aceptó la sanción. Ahora la decisión final está en manos de un tribunal de arbitramiento.
En conclusión, por los derruidos pasillos del aeropuerto dicen que a menos de un mes de la entrega de la primera fase de “El nuevo Dorado”, como Opaín bautizó su proyecto por encima, otra vez, del decreto 2791 de 1959 que “establece que el aeropuerto internacional de Bogotá se denominará Eldorado”, las obras están todavía grises, las filas están más largas, el polvo, más molesto, y el pago de la valorización, más embolatado.
